Permitir la entrada de los Testigos de Jehová a las urbanizaciones con control de acceso -como ordena una reciente sentencia del Tribunal Federal- protege los derechos constitucionales de culto y libertad de expresión de esa congregación sin que se coarten, necesariamente, los derechos a la privacidad e intimidad de los residentes.
En opinión del licenciado Osvaldo Burgos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, la sentencia, firmada por el juez federal Gustavo A. Gelpí el pasado 2 de febrero, también confirma que las urbanizaciones con control de acceso siguen siendo espacios públicos aunque estén cerradas.
“El planteamiento constitucional que hay detrás de la decisión es la libertad de culto y de expresión. El derecho a la intimidad no está en juego pues el que los Testigos de Jehová entren a la urbanización no quiere decir que entrarán a las casas”, dijo Burgos.
La sentencia le aplica a las urbanizaciones con control de acceso en Bayamón, Caguas, Dorado, Gurabo, Guaynabo, Ponce, San Juan y Trujillo Alto.
Gelpí le ordenó a esos municipios asegurarse que en las urbanizaciones con control de acceso en las que haya guardias se permita la entrada de los Testigos de Jehová, siempre y cuando estos se identifiquen. En las urbanizaciones en las que no haya guardia, deberá contratarse personal durante el día o para días específicos.
Los municipios deberán entregar en o antes del próximo 1 de octubre un “plan de acción” detallando cómo se les permitirá la entrada a los Testigos de Jehová que antes se les negó.
Asimismo, a partir de ahora, todas las urbanizaciones que soliciten permiso para control de acceso deberán tener guardias que permitan la entrada de los Testigos de Jehová.
Quienes incumplan estas órdenes se exponen a sanciones, desacato y/o a que abran los controles de acceso.
“Estamos satisfechos, sin lugar a duda, de que se nos permita entrar a las comunidades. Nuestra obra no supone una amenaza para la seguridad de las urbanizaciones”, dijo Reinaldo Candelaria, ministro portavoz de los Testigos de Jehová en la Isla.
Costos inesperados
Para los vecinos a quienes les afecta la sentencia, sin embargo, representa un gasto económico no planificado.
José Velilla, presidente de la Asociación de Residentes de Villa Paz, en Trujillo Alto, indicó que su urbanización, de apenas 22 casas, es una de esas que no tiene guardias en el control de acceso, por lo que tendrán que contratarlos.
“Les dimos otras alternativas y no aceptaron, por ejemplo, que entraran por el portón peatonal. Esto nos obligará a incurrir en un montón de gastos extra”, acotó Velilla.
En tanto, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, indicó que ya le notificó a las asociaciones de residentes la decisión del tribunal, de manera que puedan ponerse de acuerdo con los Testigos de Jehová para establecer horarios y días de visita. De esta forma, dijo, se evitará que personas ajenas ganen acceso haciéndose pasar por ellos.
El Nuevo Día obtuvo copia de una carta en la que el alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, también se comunica con las asociaciones de residentes.
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