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En la fecha límite para permitir la entrada de los testigos de Jehová a las urbanizaciones con control de acceso, cada uno de estos vecindarios cerrados parece estar diseñando su propia receta para garantizar la entrada de estos religiosos que reclaman su derecho a propagar su mensaje.
Ayer era la fecha límite dispuesta por el juez federal Gustavo A. Gelpí para que los ocho municipios incluidos en la demanda provean los instrumentos de acceso para que los afiliados a esta agrupación religiosa puedan entrar a las urbanizaciones sin guardias de seguridad en sus entradas.
El juez Gelpí, no obstante, ayer concedió algo más de tiempo, hasta el 23 de abril, para que los municipios cumplan con la orden.
Esta acción responde a un pleito incoado por la congregación religiosa en mayo de 2004 cuestionando la constitucionalidad de la Ley de Control de Acceso de 1987.
El año pasado, Gelpí determinó que los ocho municipios demandados debían asegurarse de que los testigos de Jehová pudieran entrar a urbanizaciones con control de acceso. En marzo de este año, la orden se extendió a las urbanizaciones cerradas, pero que carecen de guardias en sus entradas.
Aunque se percibe una aparente falta de uniformidad en la manera de otorgar el acceso requerido, permea una tendencia a cumplir con el mandato federal, según aseguraron ayer portavoces municipales y un representante legal de los testigos de Jehová.
En la urbanización Prado Alto, en Guaynabo, por ejemplo, la Asociación de Residentes ha dado órdenes de que, para poder pasar, los afiliados a esta congregación religiosa se registren en la caseta del guardia, como cualquier visitante.
“La manera de entrar es identificándose (en la entrada) y ellos (los testigos) al principio no querían, pero les dije que tampoco así”, sostuvo Sandra Seda, administradora de la Asociación de Residentes de Prado Alto, quien fue entrevistada por este diario vía telefónica desde la caseta del guardia en la entrada de la urbanización.
Critican la decisión
Según dijo, los vecinos están conscientes de que están obligados a dejarlos entrar a la urbanización. Incluso, recibieron una carta del municipio de Guaynabo informándoles que el acceso a los testigos de Jehová era obligatorio.
“Me parece que la decisión (judicial) es totalmente incorrecta, que debe ser (el acceso) a discreción de la Asociación (de Residentes), pero la ley es la ley y hay que cumplir”, dijo Seda, quien recalcó que lo ideal es “que vengan un día a la semana, usualmente, los sábados”.
La Asociación de Residentes de Torrimar, en Guaynabo, también está consciente de que tiene que acatar la decisión judicial. Para entrar allí, los testigos de Jehová deben mostrar alguna identificación de la congregación.
“Nos preocupa muchísimo la cuestión de la criminalidad, pero ¿qué podemos hacer? Tenemos que obedecer la ley”, dijo Carmen Moscoso, administradora de los residentes de Torrimar, quien fue entrevistada vía telefónica desde la entrada de la urbanización, ya que, según la seguridad del lugar, esta no se encontraba en su hogar.
Según dijo, se les ha informando a los miembros de la congregación que deben mantenerse en las aceras de la urbanización, aunque algunos tocan en las puertas, lo que causa molestia en muchos residentes.
Mientras tanto, en la urbanización Tierralta I, también en Guaynabo, se enteraron el año pasado del mandato cuando el guardia de seguridad de la caseta de entrada le negó la entrada a un grupo de testigos de Jehová y este acudió a un cuartel municipal cercano exigiendo su derecho a entrar a la urbanización.
“Vinieron cuatro patrullas y llamé al presidente de la Asociación de Residentes, y él me dijo que sí, que tenía que dejarlos pasar. Ahora los dejo entrar”, dijo el guardia privado Luis Sabala.
Según Andrés Pagán, presidente de la Asociación de Residentes de Tierralta I, aunque durante la semana hay un guardia en la caseta de entrada, durante los fines de semana, entre las 5:00 a.m. y las 9:00 p.m., no hay guardia privado, por lo cual los testigos de Jehová que deseen entrar esos días deben solicitar su entrada a través del intercomunicador de la entrada.
“Si la persona (residente) que llaman no les interesa escucharlos, que llamen a otro y sigan preguntando”, dijo.
Alexis Ramos, portavoz de prensa de Guaynabo, informó que el municipio está velando por el cumplimiento de la orden.
Cumplen los municipios
“El municipio está incluido en el pleito de Testigos de Jehová y, conforme a la orden emitida, hemos realizado las gestiones con las urbanizaciones de tele-entry para que provean un medio de acceso a los demandantes. Hasta este momento, hemos recibido una excelente respuesta de nuestras urbanizaciones, y antes del martes estaremos sometiendo la información a la parte demandante e informando el cumplimiento de nuestra parte al tribunal. En el día de hoy (ayer), se emitió una orden extendiendo el plazo para cumplir hasta el martes. El municipio cumplirá a cabalidad”, dijo Ramos.
La oficial de prensa de Bayamón, Migdalia Rivera, aseguró que, de las 51 urbanizaciones sin guardias, más de la mitad había ya entregado en la división legal del municipio los beepers y llaves. Afirmó que estaban a la espera de que las restantes hicieran lo mismo, y que todas habían sido debidamente notificadas sobre la orden y las consecuencias de no acatarla.
El abogado que representa a Gurabo en el caso, Pedro Vázquez, informó que las 12 urbanizaciones sin guardias de ese municipio habían ya cumplido con la orden judicial, y ayer “el municipio estaba entregando (los beepers, códigos y llaves) con acuse de recibo en las oficinas de los testigos en Guaynabo”.
Desde Caguas, la licenciada Mónica Vega Conde, directora de la oficina legal municipal, confirmó que solo una de las 24 urbanizaciones que debía entregar la forma de acceso aún no lo había hecho.
La licenciada Maritere Orozco, directora de la división legal de San Juan, dijo que las 50 urbanizaciones que estaban en esta parte del pleito habían sido informadas y orientadas para que todas estuvieran en cumplimiento con la ley, y que ayer estarían entregando a un representante del grupo religioso las llaves y beepers que proveyeron las comunidades.
Los otros municipios que aún figuraban en el pleito son Trujillo Alto, Ponce, Santa Isabel y Dorado.
Entretanto, los residentes deben ir acostumbrándose a la idea de poner verjas o letreros en su propiedad si no quieren a los visitantes religiosos en sus puertas, según explicaron abogados involucrados en el caso.
De igual forma, los testigos de Jehová deberán abstenerse de entrar a aquellas residencias donde se señale que no son bienvenidos.
“Todavía estamos recopilando toda la información (sobre el cumplimiento de las urbanizaciones). Sabemos que unos municipios están más adelantados que otros”, comentó ayer Nora Vargas, abogada de los testigos de Jehová.
“El tribunal emitió una orden hoy (ayer) a los municipios en la que les dio hasta el 23 de abril para que informen al tribunal si han cumplido o no con la orden. Tienen unos días adicionales para cumplir”, dijo.
Según Vargas, muchas urbanizaciones han cumplido con entregar sus beepers, llaves o claves de acceso. Añadió que en los casos en que no hayan cumplido, “los municipios tienen que abrir el paso y mantenerlos abiertos”.
De no cumplir con lo establecido, los municipios “tendrían que pagar multas diarias de $100, y podrían estar en desacato”, dijo la abogada.
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