Para largo el pleito legal por el acceso total

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23/3/13

Todo apunta a que habrá un nuevo episodio en los tribunales entre la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová y los residentes de las urbanizaciones con control de acceso, puesto que no está claro quién deberá pagar por el mecanismo para garantizarles la entrada a sus miembros a las comunidades cerradas.

El juez federal Gustavo Gelpí ordenó a ocho municipios garantizarles a los testigos de Jehová acceso total a las urbanizaciones cerradas, lo que implica que se les debe proveer llave, beeper y código de acceso para cuando no haya un guardia de seguridad privado en la entrada de la comunidad.

“Le tienes que dar acceso irrestricto igual que a un residente: 24 horas al día los siete días de la semana. Eso es lo que dice la orden del juez. Cómo eso se va a implementar, crea muchas interrogantes. Sobre el pago (por el mecanismo de entrada), la orden no se dirige a ese asunto en particular”, explicó la abogada de Testigos de Jehová, Nora Vargas Acosta.

De acuerdo con su interpretación, no obstante, debe ser un costo que asuman los residentes. “Porque el ejercicio de libre expresión al culto y a la religión no se debe cobrar”, agregó.

Para el abogado que representa al municipio de Caguas en el pleito, Luis Pabón Roca, “al igual que los residentes tienen que pagar por el beeper, los testigos de Jehová tienen que hacerlo. Eso no está claro en la orden, pero el lenguaje del juez da igualdad. Los testigos de Jehová no deben tener un beneficio distinto al de los residentes. Me imagino que ese será un punto que debe aclarar el tribunal”, dijo.

Por el momento, los residentes entienden que no deben costear el mecanismo de entrada para los testigos de Jehová, confirmó este diario al hablar con al menos seis asociaciones de residentes de urbanizaciones con control de acceso.

“No es acceso todo el tiempo, porque estamos pagando por la privacidad. No puedo darle a alguien un beeper que se puede perder. ¿Y la seguridad de la gente, quién me la garantiza?”, cuestionó Lydia Camacho, presidenta de la Asociación de Residentes del Área Metropolitana, organismo que agrupa a 55 asociaciones de residentes.

En la urbanización El Plantío, en Toa Baja, los residentes evalúan dar acceso a los religiosos durante unos días y horas determinadas, precisó Sonia Piscani, residente a cargo de la seguridad.

Mientras, en Gardens Hills State en Guaynabo, una urbanización con control de acceso sin guardia privado, los residentes optaron por dejar el portón peatonal abierto las 24 horas, con un letrero que así lo especifica, destacó el presidente de la Asociación de Residentes, Rafael Rivera.

En Garden Court, también en Guaynabo, adonde se accede mediante un código, los residentes decidieron que se les permitirá la entrada a los religiosos con un código que estará escrito en el mismo lugar del teclado, ubicado en la entrada.

“Allí hay una cámara que es manejada por la guardia del centro de mando (que paga la urbanización) y va a estar viendo a la persona ahí parada que se identifica y le da acceso. Eso cumple con la directriz del tribunal. Lo estoy tratando como cualquier persona”, dijo el administrador y vecino de la comunidad, Rafael Cestero.