Molesta la decisión de dar acceso a los Testigos de Jehová

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22/3/13

Marcelo Vargas, presidente de LMM Security, aseguró que tienen claro que no pueden impedir el acceso de los Testigos de Jehová. 

“¡Pero qué pantalones! ¿Por qué tengo que tener a alguien tocando la puerta de mi casa, y de forma bien insistente?”.

Así reaccionó ayer Marta Fernández, residente de la urbanización con control de acceso Pradera Almira, tras conocer el fallo del juez federal Gustavo A. Gelpí que ordena a las urbanizaciones como la suya a permitir el acceso a los Testigos de Jehová, so pena de multas.

A Néstor Figueroa, vecino de Fernández en la citada urbanización de Toa Baja, el asunto no le preocupa.

“Mientras la persona entre de forma decente, cualquiera que toque mi puerta de forma decente, mi puerta está abierta”, afirmó.

Fernández entiende y acepta el hecho de que la calle es pública, pero considera que con el fallo “me están coartando mis derechos”.

“Si van por el medio de la calle, a mí no me importa. Pero ellos sí tocan a la puerta. Y tengo que salir, como he hecho antes, y decirles que se vayan, que no me interesa lo que traen. Yo no voy a imponerles mis creencias a otros, y creo que donde empiezan mis derechos terminan los tuyos”, insistió Fernández, al tiempo que se preguntaba por qué si el Gobierno quiere que entren, no establece bien claro un espacio de tiempo y garantías de seguridad.

“¿Cómo sé que no es algún delincuente?”, añadió Fernández, preguntándose si el Gobierno les proveería una identificación.

Precisamente, la seguridad es una de las principales preocupaciones, ya que no parece estar claro cómo es el proceso para que aquel que se ampara en esta orden judicial se identifique debidamente para entrar a las urbanizaciones, sino que se deja a la buena voluntad de las partes.

Juan E. Miranda Mislán, presidente de la Asociación de Residentes de Pradera Almira, afirmó que el asunto está causando molestia.

“Aquí hay 346 unidades y a más del 80% no le gusta y cuestiona las visitas de personas extrañas a la urbanización”, dijo Miranda, quien añadió que, no obstante, nunca ha impedido el paso de los Testigos de Jehová.

“Ellos no se identifican como tal, solo dicen que vienen a predicar. Pero a veces son 20 o 30 individuos caminando por las calles sin estar identificados. Los residentes están preocupados y yo estoy preocupado”, añadió Miranda señalando que en urbanizaciones vecinas han ocurrido crímenes luego que personas entraran identificándose falsamente.

“Me incomoda la decisión del juez Gelpí en parte porque diga que los residentes tengan que poner un letrero que no quieren visitas. Queremos ver la forma legal que se pueda lidiar con los residentes que no quieren eso (la visita a sus casas)”, indicó.

Mientras, Emely Rodríguez, presidenta de ERS Housing Administration Services, empresa que administra unas 50 urbanizaciones por toda la Isla, señaló que no anticipa que el fallo implique mayores gastos a los residentes, pero sí indicó que ha recibido muchas quejas respecto a la seguridad.

“No se ha establecido una manera eficaz de identificar y saber que no va con malas intenciones. La Ley de Control de Acceso (de mayo de 1987) no está atemperada a la realidad”, dijo la empresaria.