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miércoles, 27 de marzo de 2013

Con acceso total

http://www.elnuevodia.com/conaccesototal-1475076.html

Con acceso total 22/3/13

Testigos de Jehová tendrán los mismos derechos de entrada que los propietarios, según determinó el juez Gelpí

 

La decisión obliga a repensar los accesos a urbanizaciones cerradas. (Tonito.zayas@gfrmedia.com)

Por Marga Parés Arroyo mpares@elnuevodia.com

La decisión  que emitió ayer el juez federal Gustavo Gelpí, ordenándoles a ocho municipios garantizar a los Testigos de Jehová acceso total a urbanizaciones cerradas, representa una victoria para este grupo religioso, pero afecta la práctica de control de acceso público a urbanizaciones y supone un golpe al bolsillo de los residentes de estas comunidades por lo oneroso que supone el cumplimiento de esta orden.

Según la decisión, para garantizar que este sector religioso pueda llevar su mensaje de evangelización sin ningún obstáculo, estas urbanizaciones deben proveerles los mecanismos de entrada (llave, beeper o el código de acceso) cuando no hay un guardia de seguridad privado en la entrada de estas comunidades.

El fallo de Gelpí  destapa una caja de Pandora, ya que establece las bases para que  otras organizaciones, religiosas o no, también exijan  entrada a estas comunidades. Además, permitiría que esta orden se extienda a otros municipios de la Isla. Asimismo, podría replantear el futuro de urbanizaciones con acceso controlado en la medida que tal control parecería haberse esfumado.

De hecho,   residentes en algunas de estas comunidades recibieron   la determinación judicial con  una ola de preocupación al interpretarla como un golpe a sus esfuerzos por sanear su entorno de la alta criminalidad generalizada en la Isla. 

 El juez federal Gustavo Gelpí les otorgó poco más de tres semanas –hasta el 17 de abril– para que los pueblos demandados (Bayamón, Ponce, Dorado, Gurabo, Caguas, Santa Isabel, San Juan y Trujillo Alto) se aseguren de que se cumpla con esta orden. De lo contrario, serían sancionados con una multa diaria de $100.

Entrada a calles públicas

Para la licenciada Nora Vargas Acosta, representante legal de los Testigos de Jehová en el caso en cuestión, el dictamen de Gelpí fortalece tanto el derecho a la libre expresión, garantizado a nivel constitucional, como el derecho de la libertad de culto o religión.

“Me parece que es un reconocimiento importante”, sostuvo.

Expertos en derecho coinciden en  que la decisión de Gelpí era el curso natural que debía tomar esta controversia.

“Más que libertad de expresión, esto es un problema de acceso, del uso de calles y facilidades públicas”, sostuvo la licenciada Ana Irma Rivera Lassén, presidenta del Colegio de Abogados.

Según el licenciado Carlos Ramos, aunque la decisión de Gelpí plantea “un remedio drástico”, garantiza la libertad de culto, el derecho de una minoría religiosa aun por encima de los reclamos de seguridad de los residentes de estos lugares con control de acceso.

Tanto Rivera Lassén como Ramos coincidieron en que la resolución emitida obliga a reconsiderar la planificación de las ciudades y el repensar si el desarrollo  futuro de proyectos de vivienda será con o sin control de acceso. 

 “Si prevalece esta decisión, lo que hace es obligar a repensar los accesos, (la viabilidad o no de) esta vida en encarcelamiento que tenemos”, sostuvo Ramos, experto en derecho constitucional.

Lagunas

Para el licenciado Carlos Gorrín Peralta, una laguna en la decisión de Gelpí es el no detallar cómo se pondrá en práctica el remedio emitido, el acceso a estos lugares.

“No dice cómo tienen que hacerlo y eso abre una posible caja de Pandora. Quizás tienen que llevar otro pleito. Pienso que esto (la otorgación de mecanismos de entrada a las urbanizaciones cerradas) es algo impracticable y es una invitación a litigaciones futuras”, indicó.

Según el constitucionalista, esta determinación abre la posibilidad, además, a que cualquier otro grupo que quiera repartir propaganda en estos lugares pueda hacerlo.

“Esto es una invitación abierta a que otros grupos hagan un igual reclamo (de entrar a urbanizaciones con control de acceso), tanto en el foro (judicial) local como el federal”, sostuvo al opinar que con esta apertura “la seguridad (de estos lugares) se va a ir al infierno”.

Comentó que, aunque tendrán que incurrir en  altos costos con la repartición masiva de instrumentos que garanticen el acceso a estos lugares o la activación de guardias privados a la entrada de las urbanizaciones, los residentes de estas urbanizaciones tienen el derecho de poner cartelones que prohiban el paso a su propiedad o que expresen su negativa a recibir cualquier tipo de propaganda.

Según Gorrín Peralta,  la aplicabilidad de este dictamen se extiende, también, a urbanizaciones que asuman la privatización y el  mantenimiento de sus calles, ya que decisiones judiciales previas ya han fallado a favor de  los Testigos de Jehová.

“¿Qué pasa cuando los muchachos de otro barrio quieren entrar a la cancha de la urbanización? No es un asunto sencillo. Además, no solo se trata del acceso a calles públicas, en otras decisiones (judiciales) ya incluso le han dado acceso a urbanizaciones y comunidades privadas”, dijo.

 

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