Se alistan Yauco y Vega Baja para cumplir con accesos a Testigos de Jehová

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El municipio de Yauco entregó esta mañana al abogado de los Testigos de Jehová los "beepers" y códigos de acceso de las urbanizaciones cerradas sin guardias, mientras que a Vega Baja le faltó entregar los dispositivos de seis comunidades similares, para lo que tendrán hasta el 23 de diciembre para cumplir.

Así se informó esta mañana en la vista que el juez federal Gustavo Gelpí pautó para que los municipios de Yauco y Vega Baja mostraran causa de por qué no debían ser encontrados en desacato, luego de que el 4 de octubre pasado les diera 45 días para cumplir con el mandato de proveer aditamentos, "beepers", llaves o códigos de acceso a los demandantes. Esto según el juez había ordenado el 21 de marzo pasado, de que se debía proveer acceso a la congregación religiosa a las comunidades cerradas para llevar su mensaje de evangelización, basado en que las calles son públicas.

Al momento de citar a los alcaldes y abogados de dichos municipios, no habían cumplido.

El juez les aclaró a las partes que la multa diaria de $100 -que aún tienen que sentarse a evaluar cuánto sumaría para cada municipio- se debe depositar en una cuenta aparte dentro del mismo municipio, y ese dinero se utilizará para ofrecer seminarios educativos.

Por su parte, el abogado de los demandantes, Paul Polidoro, aclaró que uno de los religiosos en Caguas está encargado de recibir los "beepers" y las llaves, que distribuye a cada municipio. Recalcó que hay 327 congregaciones de los Testigos de Jehová en Puerto Rico, para un total de alrededor de 26,000 personas.

Gelpí les dio a las abogadas de Yauco, Lavinia Aparicio, y a la de Vega Baja, Diana Pagán, hasta el 15 de enero para someter una moción conjunta con la parte demandante para informar qué han hecho para asegurarse que cumplan con la orden, como lo hizo el municipio de Santa Isabel el 12 de diciembre pasado, por lo que fueron excusados de la vista de hoy.

Al Pagán indicar que aún faltan seis urbanizaciones por entregar los códigos o las llaves, aun cuando recibieron copia de la orden, Gelpí le contestó que les dijera que "si no les dan los dispositivos para acceso, tendremos que abrirlas".

Fuera de sala, el alcalde de Yauco, Abel Nazario, indicó que hay cinco urbanizaciones con guardia y siete sin oficial de seguridad.

"Siempre hay preocupación entre la gente por la seguridad, pero nuestra posición es que hay que respetar la orden del tribunal. Estamos dispuestos a cumplir y emitimos una ordenanza que se le impone una multa de $200 a las urbanizaciones que no cumplan. Siempre hay resistencia, pero hay que cumplir con las responsabilidades. El municipio y todo el mundo está claro de la orden y se verificará que se está cumpliendo con la misma", aseguró Nazario.

Por su parte, el alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz, señaló que hay 20 urbanizaciones con control de acceso en el municipio, pero que la mayoría tiene guardia de seguridad.

"Personas que estudiaron conmigo y maestros pertenecen a los Testigos de Jehová, tengo una sobrina testigo de Jehová y entendemos el derecho de todo ciudadano a expresarse, pero hay 'issues' en términos de seguridad, y ahí está el problema. ¿Quién me garantiza que realmente las personas que van a entrar no usen como subterfugio decir que son de dicha religión y accedan y cometan fechorías? Por eso muchos tienen reservas", reconoció Cruz, quien aclaró que cumplirán con la orden.

Polidoro aclaró que sus representados no pidieron los dispositivos para poder entrar a las urbanizaciones, sino que fue una idea que presentaron algunos municipios y el juez la acató. Dijo que su propuesta era que hubiesen guardias en todas las urbanizaciones con control de acceso o "guardias virtuales" a través de cámaras para abaratar costos.

El 11 de febrero de 2014 se llevará a cabo una vista oral ante el Tribunal Supremo para determinar si hay calles privadas, esto luego de acoger una solicitud de Certificación Interjurisdiccional presentada por Gelpí para auscultar si las leyes en Puerto Rico "permiten la existencia de calles privadas" y poder aplicar la ley estatal en sus determinaciones.

Esto es a raíz de que la urbanización Brighton Country Club, en Dorado, alega que no han traspasado las calles al municipio, por lo que son privadas y, por ende, no tienen que cumplir con la orden.