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Gelpí determinó el pasado 21 de abril que el municipio no protegió los derechos constitucionales de los Testigos de Jehová.
El municipio falló en no pagar multas ascendentes a $4,250 y en desarrollar un plan para la posible revocación del control de acceso de la urbanización Sabanera.
El juez federal Gustavo Gelpí podrá sancionar al ayuntamiento de Dorado por no cumplir con el pago de multas relacionadas con una demanda radicada por los Testigos de Jehová, luego que no se les permitiera la entrada a la exclusiva urbanización de ese municipio, Sabanera.
Los representantes legales del gobierno municipal tendrán hasta el próximo miércoles para justificar sus razones por no cumplir con el pago de $1,250 por cinco violaciones que giran en torno al acceso que el municipio tenía que garantizarle a los Testigos de Jehová para que pudiesen visitar las casas en la urbanización y otros $3,000 para cubrir los gastos legales de los demandantes.
La fecha para emitir estos pagos venció el pasado 30 de abril y ahora el municipio se podría a exponer a multa de $150 por cada día que se determine que ha incumplido con la orden del tribunal.
“Estas sanciones adicionales podrían aumentar diariamente y podrían culminar en otra determinación de desacato”, indicó el juez en el archivo electrónico del caso.
Gelpí determinó el pasado 21 de abril que el municipio no protegió los derechos constitucionales de los Testigos de Jehová y ordenó que el municipio desarrolle un plan para la posible revocación del permiso de control de acceso de Sabanera. Se implica que las autoridades municipales no garantizaron la “predicación a domicilio” de los creyentes, que incluye tocar los timbres o las puertas de entrada de las residencias para poder llevar su mensaje religioso.
Los Testigos de Jehová radicaron en el 2004 una demanda contra varios municipios para reclamar su derecho a predicar dentro de comunidades con control de acceso. Aunque los religiosos han ganado varios procesos legales, tanto en el Circuito de Apelaciones de Boston como en la sala del juez de distrito federal, algunas comunidades han intentado privarles su entrada.
De hecho, por lo menos dos comunidades mantienen su objeción ante el Tribunal Federal, alegando que sus calles son “privadas”.
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