Supremo hará vista oral sobre demanda de Testigos de Jehová

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Supremo hará vista oral sobre demanda de Testigos de Jehová

Departamento de Justicia fue invitado como amigo de la corte

 

 

El Supremo auscultará si las leyes de Puerto Rico "permiten la existencia de calles privadas". (Archivo)

El Tribunal Supremo de Puerto Rico llevará a cabo una vista oral el 11 de febrero de 2014, como parte del pleito que se centra en resolver si las calles son públicas o privadas, controversia planteada en el caso de la demanda federal presentada por los Testigos de Jehová en contra varios municipios para que se les permita acceso a comunidades con controles de acceso.

El máximo foro recordó que el 17 de julio pasado acogió la solicitud de Certificación Interjurisdiccional presentada por el juez federal Gustavo A. Gelpí para auscultar si las leyes de Puerto Rico "permiten la existencia de calles privadas" y pautó la vista oral para febrero, invitando al Departamento de Justicia como amigo de la corte, "por la naturaleza de esta controversia".

La juez asociada del Tribunal Supremo, Anabelle Rodríguez Rodríguez, proveyó un "no ha lugar" a la petición, y desde que se recibió la solicitud del Tribunal Federal estuvo en contra "por entender que el recurso solicita una opinión consultiva, ya que nuestro dictamen no será determinante para la solución de la controversia ante la Corte de Estados Unidos de Puerto Rico".

La certificación de deferencia interjurisdiccional del juez Gelpí es para que el Tribunal Supremo atienda la controversia de si el Código Civil permite calles privadas en la Isla, para poder aplicar la ley estatal en sus determinaciones.

Específicamente, la urbanización Brighton Country Club, en Dorado, alega que no ha traspasado las calles al municipio, por lo que son privadas y que no tienen que cumplir con la orden emitida por Gelpí el 21 de marzo pasado. En esa fecha se le ordenó a todas las urbanizaciones con control de acceso sin guardias de seguridad que provean dispositivos o códigos de entrada para que los demandantes puedan llevar su mensaje evangelístico a cada hogar, bajo la premisa de que las calles son públicas.