La comparación entre la era de persecución de los años 30-40 y el actual Proyecto de Ley C-9 es un tema central en el debate jurídico canadiense, ya que ambos periodos tocan los límites de la libertad religiosa frente al control estatal.
1. La era de la persecución (1930-1959)
En esos años, los Testigos de Jehová fueron objeto de lo que historiadores llaman la campaña de persecución religiosa más extensa en la historia de Canadá, liderada principalmente por el gobierno de Maurice Duplessis en Quebec. La Corte Suprema de Canadá (su tribunal más alto) emitió tres fallos históricos que hoy son los pilares de tus derechos:
Boucher v. the King (1951): Aimé Boucher fue arrestado por distribuir un folleto que criticaba el maltrato a los Testigos. La Corte Suprema determinó que criticar al gobierno o a una iglesia no es "sedición" a menos que incite directamente a la violencia. Este fallo protegió el derecho a la disidencia religiosa.
Saumur v. City of Quebec (1953): La Corte anuló una ley municipal que prohibía distribuir literatura en las calles sin permiso policial, estableciendo que el gobierno no puede censurar la expresión religiosa bajo la excusa de "orden público".
Roncarelli v. Duplessis (1959): Un caso de abuso de poder donde el Primer Ministro le quitó la licencia de licores a un restaurador solo por pagar las fianzas de Testigos arrestados. La Corte dictaminó que ningún funcionario está por encima de la ley.
2. ¿Cómo se verían afectados estos derechos por la Ley C-9?
La Ley C-9 (Combating Hate Act), aprobada en marzo de 2026, introduce cambios que revierten algunas de las protecciones ganadas en esos juicios históricos:
Eliminación de la "Defensa Religiosa": Históricamente, el Código Penal protegía a quienes expresaban opiniones basadas en textos religiosos de buena fe (como leer la Biblia en público). La Ley C-9 elimina esta excepción, lo que significa que el mismo tipo de predicación que la Corte Suprema protegió en los años 50 ahora podría ser investigado como "discurso de odio" si se considera que vilipendia a un grupo.
Umbral más bajo para la criminalización: Mientras que en los años 40 se requería "incitación a la violencia" (según el caso Boucher), la C-9 permite procesar por sentimientos de "detestación o vilipendio", lo que críticos consideran una definición subjetiva que podría atrapar a grupos con valores tradicionales o impopulares.
Poder de la fiscalía: La ley elimina el requisito de que el Fiscal General dé su consentimiento para presentar cargos por propaganda de odio, facilitando que la policía inicie procesos de forma más autónoma, similar a los arrestos masivos de la era de Duplessis.
En resumen, mientras que los fallos de la Corte Suprema de mediados de siglo crearon un "escudo" para que los grupos religiosos pudieran criticar instituciones y predicar libremente, la Ley C-9 debilita ese escudo al priorizar la protección contra el "odio" percibido sobre la libertad de expresión religiosa absoluta.
Como se enfrentan los grupos a esta Ley
Los grupos religiosos y civiles en Canadá están presentando una oposición unificada ante el Senado, utilizando argumentos que resuenan directamente con las lecciones aprendidas de la persecución de los años 30 y 40.
Estos son los puntos centrales que están defendiendo organizaciones como la Conferencia de Obispos Católicos de Canadá (CCCB), la Evangelical Fellowship of Canada (EFC) y agrupaciones musulmanas y sikhs
1. El "Escudo Constitucional" de 1990
Los líderes religiosos argumentan que la Corte Suprema, en el caso Keegstra (1990), determinó que las leyes contra el odio solo son constitucionales porque incluyen defensas específicas, como la de "creencia religiosa de buena fe".
El argumento: Al eliminar esta defensa, el Proyecto de Ley C-9 rompe el equilibrio constitucional y deja a las minorías religiosas vulnerables a procesamientos por simplemente citar o explicar sus textos sagrados.
2. Criminalización de la "Disidencia Silenciosa"
Se critica que la ley utiliza un lenguaje "vago y subjetivo" para definir el odio.
El argumento: Temen que la ley pase de castigar la incitación a la violencia (el estándar de los años 50) a castigar opiniones que el gobierno o la mayoría consideren "ofensivas" o "detestables". Esto afectaría a cualquier grupo cuyas creencias no se alineen con la moralidad social dominante del momento.
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3. El Retorno a la "Policía de Pensamiento"
Una de las mayores preocupaciones es la eliminación del requisito de que el Fiscal General autorice los cargos por odio.
El argumento: Sin este filtro político y legal de alto nivel, cualquier oficial de policía local podría iniciar una investigación o arresto basado en una denuncia ciudadana por un sermón o folleto. Los grupos religiosos señalan que esto abre la puerta a un acoso policial similar al que vivieron los Testigos de Jehová bajo el gobierno de Duplessis.
4. Inutilidad Práctica vs. Daño Simbólico
Expertos legales citados por estos grupos señalan que la defensa religiosa nunca ha sido utilizada con éxito para proteger a alguien que realmente incitó al odio violento.
El argumento: Si la defensa no ayuda a los verdaderos criminales, ¿por qué eliminarla? Su eliminación envía el mensaje de que el Estado ya no confía en la "buena fe" de los creyentes y busca tener el poder de supervisar lo que se dice en los púlpitos.
Estado en el Senado (Marzo 2026)
El C-9 ya está en manos de los senadores. Figuras como el Cardenal Frank Leo han enviado cartas formales pidiendo enmendar la ley para restaurar la defensa de buena fe antes de que sea aprobada definitivamente.
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